Estamos ante un delito contra Hacienda cuando, por acción u omisión, se defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 120.000 euros

Los inspectores de Hacienda no están autorizados para entrar en una vivienda, empresa, sucursal, local o cualquier otro sitio donde se desarrolle actividad profesional o empresarial salvo que cuenten con autorización judicial. Si no disponen de una autorización judicial sólo podrán entrar con autorización del propietario, gerente, encargado, etc. Esta autorización puede entenderse prestada tácitamente si se colabora con la inspección así que aunque este sea el caso existe el derecho a no autorizar la entrada de los inspectores o a revocarla en el momento que consideres oportuno momento en el cual deberán abandonar inmediatamente la vivienda o el local.

Hay que recordar que la inviolabilidad del domicilio es un derecho protegido constitucionalmente que no se puede vulnerar por las Administraciones Públicas salvo casos muy concretos.

Aunque la normativa fiscal obligue a las personas físicas y jurídicas a proporcionar toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias la agencia española de protección de datos considera que los historiales clínicos contienen información del máximo nivel de protección por lo que sólo los profesionales tanto médicos como enfermeros que atiende al paciente pueden tener acceso a ellos sin el consentimiento expreso de esa persona.

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